Según el documento, difundido en redes sociales y firmado por «varios dirigentes que prefieren no ser identificados porque están opinando», la iniciativa busca «poner orden en el debate público» y «evitar que la gente opine sobre lo que no le corresponde». El texto añade que «si yo opino, el otro no opina sobre mi opinión, y si el otro opina, yo no opino sobre su opinión, y así sucesivamente hasta que nadie opine sobre nada».

Consultados sobre cómo se aplicaría la medida, los firmantes señalaron que «ya se está aplicando de facto» y que «la gente opina cada vez menos, sobre todo en los medios oficiales». Fuentes del Ministerio de Comercio Exterior, consultadas por error, señalaron que «eso no es competencia de este ministerio» y remitieron al Ministerio de Justicia, que a su vez remitió al de Cultura, que no respondió.

Políticos de izquierda consultados por este diario rechazaron la propuesta y advirtieron que «si la derecha no quiere que la izquierda opine sobre lo que ellos opinan, entonces la izquierda tampoco debería opinar sobre lo que la izquierda opina, lo cual sería un caos».

En redes sociales, el debate se multiplicó. Un usuario escribió: «Si la derecha opina que la izquierda no opine, ¿puedo yo opinar sobre la opinión de la derecha?»; otro respondió: «No, porque entonces estarías opinando sobre lo que ellos opinan, y eso es exactamente lo que ellos no quieren».

Fuentes del Gobierno confirmaron que la propuesta «está siendo evaluada» y que se evalúa «crear un registro nacional de opiniones autorizadas».

Al cierre de esta edición, ningún político de derecha ni de izquierda había respondido a las solicitudes de comentario, «porque no quieren opinar».